Los catalanes rechazan la política lingüística oficial y defienden el bilingüismo

El 90% de los catalanes se muestra de acuerdo (11%) o muy de acuerdo (78%) en que el personal que realiza atención al público en los servicios sanitarios atienda tanto en catalán como en castellano, y también en aranés en la comarca del Vall d’Aran (Lleida). Así se desprende de la encuesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicada ayer, realizada entre el 4 de junio y el 31 de agosto con una muestra de 2.451 personas mayores de 16 años y un margen de error del 1,98%.

El sondeo refleja con claridad el hecho de que la sociedad catalana es esencialmente bilingüe y partidaria de la convivencia lingüística. En el sector del comercio, un 88% de los encuestados también defiende que se pueda ser atendido indistintamente en catalán, castellano o aranés, mientras que el 89% considera que las personas que llegan a Cataluña deben tener garantizado el acceso al aprendizaje del catalán. Estos datos dibujan un panorama muy alejado del discurso oficial del Govern, que insiste en políticas de inmersión lingüística y en la «preferencia» del catalán en la administración pública y en la escuela.

En la práctica, la convivencia lingüística es una realidad consolidada en la calle, en los centros de trabajo y en los servicios públicos. La mayoría de los ciudadanos alterna con naturalidad ambos idiomas según el contexto, un reflejo de la identidad plural y abierta de Cataluña. Sin embargo, una parte de la población sigue percibiendo ciertas limitaciones: un 24% afirma que no puede utilizar su lengua siempre que quiere en el ámbito sanitario, un 26% en el comercio y un 28% en bares y restaurantes. Estas cifras no revelan una confrontación, sino más bien la persistencia de desigualdades territoriales o de hábitos que impiden una plena libertad lingüística en algunos ambientes.

Lejos de respaldar la imposición, los catalanes parecen apostar por un modelo equilibrado en el que las lenguas convivan sin jerarquías ni sanciones. El catalán se percibe como una lengua valiosa que debe protegerse y promoverse, pero no a costa del castellano, que la inmensa mayoría considera igualmente propia.