La legislatura de Quebec adopta el uso obligatorio del francés, en medio de encendidos debates y manifestaciones masivas

El gobierno provincial de Quebec ha conseguido la mayor ampliación de su legislación lingüística en más de cuarenta años, imponiendo nuevas normas para fortalecer el uso del francés en la administración pública, la educación y las empresas, a pesar de la enconada oposición de la minoría anglóhablante de la provincia.

Con la aprobación del controvertido proyecto de “Ley 96” el martes, el primer ministro François Legault dijo que pretende reforzar el lugar de la lengua oficial de Quebec en medio de lo que él llama su declive. Muchos anglófonos, inmigrantes e indígenas de la provincia, por su parte, dicen sentirse atacados por una ley que socava sus derechos.

Tras un año de acalorados debates, el proyecto de ley fue aprobado por 78 votos a favor y 29 en contra, con el apoyo de la gobernante Coalición Avenir Québec y el partido de oposición de izquierdas Québec Solidaire. Votaron en contra los liberales provinciales, por considerar que el proyecto de ley iba demasiado lejos, y el separatista Partido Quebequense, que dijo que no iba lo suficientemente lejos.

Al defender la ley, Legault citó la precariedad lingüística del francés en un continente predominantemente anglófono.

"No conozco ninguna minoría lingüística que esté mejor atendida en su propia lengua que la comunidad anglóhablante de Quebec", dijo el martes. "Estamos orgullosos de ello, y también de ser una nación francófona en Norteamérica, y es nuestro deber proteger nuestra lengua común".

La lucha por la legislación ha aumentado la tensión lingüística hasta un punto que no se había visto en décadas, según algunos observadores, y ha inspirado temor e ira en la comunidad anglóhablante.

Entre las disposiciones de la nueva ley figuran un tope de matriculación en el sistema inglés de CEGEP (Colegio de Enseñanza General y Profesional), estatal, así como tres clases obligatorias de francés para los estudiantes que acudan a esos centros; la obligación de que las empresas con veinticinco o más empleados hagan del francés una lengua "generalizada" en el lugar de trabajo, frente a los cincuenta actuales; y un plazo de seis meses para los nuevos inmigrantes, tras el cual los servicios públicos se ofrecerán exclusivamente en francés, con algunas excepciones.

La Office Québécois de la Langue Française, encargada de hacer cumplir las leyes lingüísticas de la provincia, también tendrá mayores poderes de registro y confiscación al investigar las denuncias.

A pesar de los problemas legales, la ley estará protegida de ciertos desafíos constitucionales ―basados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades― debido a la invocación del gobierno del Certificado de Aceptación (para estudios) de Quebec (CAQ) de la cláusula de excepción.

La aprobación de la ley también tendrá implicaciones para el resto de Canadá, ya que el proyecto de Ley 96 pretende modificar unilateralmente la Constitución canadiense para afirmar que los quebequeses "forman una nación" y que el francés es la "lengua común de la nación quebequesa". El derecho de la provincia a enmendar la Constitución de esta manera, y las implicaciones de sus enmiendas, son cuestionadas por algunos juristas.

El primer ministro Justin Trudeau, quien habló el martes en Vancúver no dijo si su gobierno recurriría a los tribunales contra el proyecto de Ley 96. "El trabajo del gobierno federal bajo mi mandato es estar siempre ahí para proteger a las minorías de este país, en particular a las minorías de las lenguas oficiales", dijo el Sr. Trudeau en una conferencia de prensa. "Fui profesor de francés aquí en la Columbia Británica. Sé lo importante que es apoyar a las comunidades francófonas fuera de Quebec, pero también es extremadamente importante asegurarse de que estamos protegiendo a las comunidades anglóhablantes dentro de Quebec".

La oposición al proyecto de ley se ha recrudecido en las últimas semanas ante la inminencia de su aprobación. Miles de personas se manifestaron en contra en las calles de Montreal el 14 de mayo, una protesta a la que asistió el líder del Partido Liberal de Quebec, Dominique Anglade. "Tenemos que dejar de dividir a los quebequenses; tenemos que unir a los quebequenses", dijo.

Esta primavera también se crearon dos nuevos partidos políticos dedicados en parte a oponerse a la Ley 96, tras meses de ambigüedad por parte de los Liberales, el partido tradicional de los anglófonos de Quebec. Los anglohablantes se han visto aún más perjudicados en los últimos meses por la cancelación, por parte del gobierno provincial, de la ampliación prevista del Dawson College de Montreal y la negativa de. Legault a participar en un debate en inglés durante la próxima campaña electoral provincial.

"El estado de ánimo de la comunidad anglohablante es bastante sombrío", dijo Joan Fraser, ex senadora y editora de la Montreal Gazette, que ahora forma parte del consejo de la Red de Grupos Comunitarios de Quebec, un grupo de defensa de los anglosajones. "Es como si no pudiéramos ser considerados quebequenses, verdaderos quebequenses. Tal vez sea exagerar, pero algunos aspectos de este proyecto de ley fomentan ese tipo de pensamiento".

Otros críticos denuncian que la ley podría poner en peligro el acceso a servicios esenciales en lenguas distintas del francés. Robert Leckey, decano de la Facultad de Derecho de McGill, dijo que prohibir que los jueces tengan que hablar otro idioma, a menos que el ministro correspondiente lo considere necesario, puede perjudicar el derecho fundamental a relacionarse con el sistema judicial en inglés o en francés.

Tampoco está claro si el proyecto de ley exime a la sanidad del requisito general de que los organismos públicos utilicen el francés cuando se comunican con el público, dijo el profesor Leckey. A

Tampoco está claro si el proyecto de ley exime a la asistencia sanitaria de la obligación general de que los organismos públicos utilicen el francés cuando se comunican con el público, dijo el profesor Leckey. A pesar de que el gobierno asegura lo contrario, el resultado podría ser que los médicos o terapeutas fueran penalizados por hablar con los pacientes en otro idioma, cree.

"Dice que la administración civil utilizará el francés", dijo el profesor Leckey. "Si quieren destacar que hay una exención para la atención sanitaria, pónganlo en el proyecto de ley".

El gobierno de Legault ha insistido en que las afirmaciones sobre la reducción del acceso a los servicios sanitarios en inglés son falsas ―el Primer Ministro las calificó recientemente de "desinformación"― y señaló una disposición de la legislación sanitaria provincial que da derecho a los anglohablantes a recibir servicios sanitarios en inglés, de acuerdo con los recursos de la institución que los presta.

Christopher Skeete, miembro de la Asamblea Nacional y responsable del CAQ para las relaciones con los anglófonos, dijo que los críticos del proyecto de ley estaban exagerando sus peligros debido a una respuesta emocional a un debate sensible.

"Lo que están introduciendo en su discusión es la preocupación, el miedo y la aprensión, y eso nubla su capacidad de ver la ley tal y como es", dijo.

El proyecto de ley 96 también se enfrentó a las duras críticas de los nacionalistas quebequenses que pretenden proteger el francés. El Partido Quebequés, junto con muchos comentaristas soberanistas, quería que el proyecto de ley 101, la Carta de la Lengua Francesa, se extendiera a los CEGEP, lo que habría impedido a los francófonos y alófonos asistir a los colegios ingleses. El líder del PQ, Paul St-Pierre Plamondon, dijo que el proyecto de ley 96 no detendría el declive del francés en Quebec.

Con informes de Ian Bailey y The Canadian Press