El español es lengua extranjera en Cataluña

Roberto Blanco Valdés, La Voz de GaliciaAdivine usted, querido lector, la clave de este enigma: ¿Cómo es posible que, proclamando nuestra Constitución que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», haya podido aprobarse anteayer en Cataluña una ley de educación que, tras establecer que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, reduce allí la presencia del castellano a dos horas semanales, menos de las que se estudian de lenguas extranjeras?La solución del enigma no es difícil: porque el español es para la mayoría parlamentaria que aprobó esa ley de educación, formada por todos los partidos catalanes, salvo el PP y Ciutadans, otra lengua extranjera. O, para ser más exactos, una lengua extranjera diferente, que merece un castigo -es decir, un trato peor que las demás-, por ser supuestamente la culpable de la pérdida de hablantes de la única lengua de verdad de Cataluña: el catalán.Que los nacionalistas defiendan esta visión paranoica del bilingüismo constituye una auténtica desgracia para los habitantes del país, pero es compresible pues el nacionalismo ve en la lengua un mero instrumento de construcción nacional ante el que deben ceder todos los derechos personales. Que la haya asumido además el PSC -y, por su presión, el propio presidente del Gobierno- supone, sin embargo, además de algo incomprensible, una forma peligrosísima de alejar a la ciudadanía de lo que hacen sus representantes, por más que esa misma ciudadanía haya carecido durante los últimos treinta años de valor para revelarse frente una política de inmersión lingüística tan arbitraria como resueltamente contraria a la Constitución.Y es que, por razones que sería largo de explicar, pero que tienen que ver con la cobardía de los partidos no nacionalistas para enfrentarse a los dogmas identitarios más reaccionarios del nacionalismo, lo que ahora establece la ley de educación solo viene a dar cobertura legal a una política de presunta normalización impulsada desde hace mucho tiempo por la Generalitat y consagrada en el nuevo Estatut aprobado por el Parlamento catalán y por ¡las Cortes Generales!Muchos confiábamos, de buena fe, en que el Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad de lo que es contrario a la Constitución a todas luces (las previsiones del Estatut en materia lingüística), permitiría hacer frente a este atropello.Pero ese tribunal, en el punto álgido de su desprestigio, ha dejado hacer y se ha convertido ya en cómplice objetivo de un desarrollo estatutario que, además de dejar la Constitución hecha un guiñapo, abandona a su suerte a los que fiaban en ella la defensa de sus libertades y derechos.