Diputado español exige “extirpar” el lenguaje inclusivo
El diputado español Pablo Cambronero
El diputado español Pablo Cambronero, que dejó Ciudadanos para adscribirse al Grupo Mixto del Congreso, quiere que el Gobierno "extirpe" el lenguaje inclusivo de los libros escolares y de las instituciones públicas porque, a su juicio, no sólo no supone "ninguna mejora" en la igualdad entre hombres y mujeres, sino que además "va en contra" de las reglas gramaticales establecidas.
Así lo manifiesta en una batería de preguntas que ha presentado en el Congreso pidiendo cuentas al Ministerio del Educación por la tendencia a que en los libros de texto educativos se utilice un lenguaje "mal llamado inclusivo" lo que, a su entender, "entorpece" la lectura y comprensión de los textos "llegando al absurdo en muchas ocasiones".
En el texto, al que tuvo acceso Europa Press, Cambronero cuestiona la "costumbre", "que nace en la izquierda" y que está siendo "imitada" por un amplio espectro de instituciones públicas --entre ellas la educativa--, de utilizar los dos géneros cada vez que se alude a un colectivo.
Incluso denuncia que "ciertos" ministros del Gobierno --en alusión velada a la titular de Igualdad, Irene Montero-- se hayan "inventado" un género neutro "bajo excusa de suponer un ejemplo de inclusión y eliminación del machismo".
"Una ocurrente tendencia ideologizante”
Por ello, el exdiputado de Ciudadanos cree que el Gobierno debería seguir el ejemplo de Francia y "extirpar" de los libros de texto esta "ocurrencia y tendencia ideologizante" que, a su entender, "en nada favorece la formación y la calidad de la educación".
En concreto, Cambronero pregunta al departamento que dirige Isabel Celaá si piensa realizar un estudio de los libros de textos educativos que proponen las diferentes comunidades autónomas para evitar ese lenguaje inclusivo, y si piensa eliminarlo también de todas las instituciones públicas.
Recientemente, Vox registró en el Congreso una proposición no de ley reclamando precisamente excluir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales al entender que su utilización no sólo "molesta" a la comunicación y "entorpece" el funcionamiento de la Administración, sino que además supone un coste para las arcas públicas.