Colombia proyecta regulación para traductores e intérpretes oficiales
La comisión sexta de la Cámara de Representantes de Colombia, en primer debate, aprobó el proyecto de ley que tiene como propósito regular y reconocer la labor que hacen los traductores e intérpretes oficiales en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano.
Ahora este proyecto de ley avanza a la plenaria de la Cámara para su segundo debate. Esta iniciativa es de la autoría de las congresistas Ángela Sánchez y Emma Claudia Castellanos del partido Cambio Radical. Se estima que con esta ley se delimiten las responsabilidades y competencias que los traductores e intérpretes oficiales tienen y otorgará seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la actividad.
Los Intérpretes Oficiales tienen como función principal traducir de cualquier idioma al castellano o viceversa, todos los documentos cuya traducción y autentificación sean solicitadas por el público para que presten mérito oficial ante las autoridades y servir de intérpretes orales en los casos señalados por la ley. Un traductor oficial es una persona ampliamente capacitada en realizar traducciones de documentos oficiales, principalmente emitidos por organismos gubernamentales; aunque en algunos casos también documentos de origen privado.
Los traductores e intérpretes oficiales desempeñan su actividad desde 1951 en virtud del Decreto 382, es decir que han trabajado por casi 70 años bajo los mismos estándares.
Sin embargo todo cambió con la Resolución 10547 de 2018. Dicha resolución eliminó el directorio de consulta de traductores e impuso la obligación de reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario público para legalizar o apostillar los documentos.
“Esto ha puesto en riesgo a los usuarios y traductores a ser víctimas de suplantaciones, falsificaciones, imprecisiones y errores en los documentos que serán legalizados o apostillados sin ninguna verificación de idoneidad de los mismos”, manifestó la representante Ángela Sánchez.
“Por esta razón, hoy buscamos con esta iniciativa dar solución a esta problemática, regular y reconocer la labor que hacen los traductores e intérpretes oficiales en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano, delimitar las responsabilidades y competencias que los traductores e intérpretes oficiales tienen y otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la actividad”, añadió.
“Las traducciones y las comunicaciones en idiomas extranjeros hoy tienen gran acogida y son de necesaria utilidad, resultan una herramienta para fomentar el comercio internacional de Colombia, la generación de empleos y el sustento de un importante número de familias que hoy dependen de la actividad de los traductores e intérpretes”, concluyó la congresista.