Viernes, 17 de noviembre de 2017

Tribunal establece español como
lengua vehicular en enseñanza

23/12/2010
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La RazónHasta tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya habían instado al Govern a no excluir el castellano en la escuela y a situarlo al mismo nivel que el catalán. Concretamente, el TSJC obligaba a aplicar la tercera hora de castellano, la inclusión de una casilla en la preinscripción que permitiese a los padres escoger el idioma de escolarización de sus hijos y prohibía el uso exclusivo del catalán en las actividades matinales —de acogida en colegios y guarderías—. La Generalitat desoyó a la última instancia judicial catalana de carácter autonómico y, finalmente, blindó el catalán en la Ley de Educación en detrimento del castellano. Pero ahora, y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, entre otra jurisprudencia, el Tribunal Supremo da la razón a las familias que recurrieron a la Justicia para exigir el derecho de que sus hijos fuesen escolarizados en castellano y a recibir toda la correspondencia del centro educativo en dicha lengua. Convivencia armónica El TS constata que la legislación catalana «excluye al castellano» y que en el sistema educativo «queda reducido a lengua de estudio, pero no es lengua vehicular o docente». Es más, «no es cierto que el catalán sea la lengua empleada prioritariamente sino que normativamente se la considera como única». En este sentido, la sección cuarta de la sala contencioso-administrativo del TS recuerda que la política lingüística de Cataluña «no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo». Por este motivo, el Alto Tribunal emplaza a que «el castellano se utilice como lengua vehicular» y que «se haga efectiva su utilización» como tal en el sistema educativo catalán con «cuantas medidas sean necesarias». También reconoce el derecho de las familias a recibir en castellano «todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita» del centro educativo. Pero, una vez más, socialistas y nacionalistas unieron fuerzas para desoír a la Justicia.