¿Por qué la Academia «acepta» o «rechaza» una palabra?

Por Ricardo Soca



Hace algunos días un amigo del Foro Cervantes me preguntó en privado por qué la Academia «permite» que palabra nonato —que según el diccionario significa 'no nacido de parto natural'— tenga ese significado y no el etimológico (del latín non natus, 'no nacido'). Esto ocurre en etimología con mucha frecuencia; a través de los años o de los siglos una palabra va cambiando primero de matiz y luego de significado hasta alejarse de la denotación que le dio origen.

De acuerdo con la concepción de mi amigo, absurdo debería ser algo referente a los sordos, adefesio, a los naturales de Éfeso y la Academia no debería «aceptar» un diario sea llamado gaceta, cuando originariamente fue la denominación de una moneda italiana. Los hablantes deberían aprender a decir murciégalo, que es la voz original, en vez de murciélago, una deformación originada en la Edad Media. Este es también el caso de nonato que es el adjetivo calificativo que se aplica a la persona que nació por una operación cesárea y no al bebé que no llegó a nacer, como era el uso de los romanos.

El tema de las supuestas potestades de las academias tiene también su lado ideológico. Todos hemos leído alguna vez objeciones a femeninos como presidenta, o jueza, alegando razones que válidas desde el punto de vista gramatical y etimológico, pero que no se corresponden con el habla real, que es la única que debe ser considerada.

Estas objeciones se respaldan en la afirmación chomskiana de que «las palabras no son inocentes» y que revelan prejuicios y actitudes machistas, homofóbicas o de otro tipo que deberían ser combatidas por las academias. Casi todo esto es verdadero: creo que las palabras no son en absoluto inocentes y que con frecuencia se las emplea para disfrazar posturas ideológicas que no se desea mostrar. Y que nuestra sociedad alberga, a veces en forma a veces abierta y otras más o menos disimulada, prejuicios antiguos, fuertemente arraigados y mucho más extendidos de lo que solemos creer. Y eso se refleja en la forma en que hablamos.

El error estriba en creer que las academias tienen algo que ver con eso, que tienen la potestad de «aceptar» o «rechazar» palabras o incluso de cambiar su significado para combatir esos prejuicios. Esto es invertir las cosas: no son las palabras las que crean un prejuicio, ellas se limitan a expresarlo cuando existe, y se cambian, suponiendo que alguien pudiera hacerlo, el prejuicio seguirá instalado allí.

No es función de las academias escoger qué palabras existen y cuáles no, ni qué significan o debieran significar. Las propias academias salen con frecuencia a aclarar que carecen de ese poder y que nunca pretendieron tenerlo, aunque esto último no es completamente verdadero. En efecto, hasta el fin de los años del franquismo, el marxismo era definido en el diccionario como la «doctrina de Carlos Marx y sus secuaces». Esta entrada muestra claramente hasta qué punto la RAE sufría en ese época la influencia del fascismo español.

No obstante, la tarea de las academias hoy —lo ha dicho en varias ocasiones el propio director de la RAE, Víctor García de la Concha— es meramente notarial. Más a tono con las prácticas de la Lingüística, la «docta casa» se limita a incorporar el uso real registrado en la prensa y en la literatura y derivar de allí los significados y la normativa.

En cuanto a palabras como presidenta y jueza, en opinión del que escribe se originaron en forma agramatical y con base en prejuicios preponderantemente feministas, que también los hay, pero fueron impuestas por la prensa y están incorporadas al habla, en los periódicos y en la literatura, de modo que no cabe a la Academia calificarlas como agramaticales y decretar simplemente que no existen, como muchos proponen.

Los diccionarios se elaboran hoy con base en corpus (hay quien prefiere el plural latino corpora), —que son bancos de datos con millones de palabras tomadas de la prensa, de la literatura y, con frecuencia, de grabaciones del habla real—. Lo que aparece en los corpus un número suficiente de veces, tanto palabras como acepciones, se incluye en el diccionario y lo que no, no.

La Academia Española cuenta con un corpus de 160 millones de palabras, la mitad de las cuales corresponde a textos de España y la otra mitad, a América. No se puede dejar de mencionar que esto constituye un error técnico puesto que, desde el punto de vista de la Lingüística Computacional —que se ocupa de los corpus—, éstos deberían distribuir su contenido en la misma proporción en que se distribuyen geográficamente los hablantes. De esta manera, los españoles, que constituyen el 10% de los hispanohablantes, deberían estar incluidos en el corpus en esa proporción.

Pero ése ya es otro tema.

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