16/11/2011
Por Gabriela Mayer, Deutsche
Presse-Agentur (dpa)
La discusión tiene como
protagonista a la lengua y se ambienta
en el espacio de la red virtual, pero
promete ir mucho más lejos. La
Real Academia Española (RAE)
busca controlar el uso de sus contenidos
en Internet, lo que genera
polémica en y fuera de la web.
La mecha se encendió hace algunas
semanas con la exigencia al portal
elcastellano.org de que
retirara los avances de la
vigésima tercera edición
del Diccionario de la RAE, que se
publicará en papel en 2014.
Sin embargo, este caso podría ser
apenas la punta del iceberg de «un
problema enormemente complejo y lleno de
matices», alerta a dpa el poeta,
ensayista y traductor argentino Jorge
Fondebrider.
«Lo ocurrido con el tradicional
blog elcastellano.org es
que recibió una inhibición
para colgar materiales supuestamente
generados por la RAE por parte de un
abogado del Grupo Planeta, empresa
privada que se está haciendo
cargo de las publicaciones de esa
academia entre otras academias (ver la
Academia Argentina de Letras). Es prueba
palmaria y apenas un detalle de ese plan
de privatización progresiva de la
lengua», apunta.
El fundador de la página
www.elcastellano.org, Ricardo
Soca, explica a dpa: «Una entidad
académica financiada por los
contribuyentes españoles
debería poner el saber generado
en el dominio público en
Internet, independientemente de que una
editorial se haga cargo de la
edición en papel».
«Es decir, no se trata de un tema
de derechos de autor, sino de un
comportamiento aético de la
RAE», se lamenta el periodista
uruguayo.
Con un universo de 450 millones de
hablantes en 22 países, el
español es actualmente la tercera
lengua más utilizada en Internet
y continúa creciendo,
según un reciente estudio del
Instituto Cervantes y el British
Council.
La academia con sede en Madrid
prohíbe la introducción de
enlaces que faciliten el acceso directo
a cualquiera de los contenidos de sus
sitios web, incluido el Diccionario de
la Real Academia Española (DRAE),
que recibe alrededor de un millón
de visitas diarias a través del
portalwww.rae.es. Sin embargo, Soca no
recibió ninguna
comunicación de la RAE. «La
intimación a retirar contenidos
del DRAE me fue enviada inicialmente por
un email anónimo de alguien que
afirmaba ser portavoz del Grupo
Planeta», apunta.
El autor de «La fascinante
historia de las palabras»
desconoce por qué la
institución procedió de
esa manera. Sin embargo, aventura dos
hipótesis: «Una, que
está tratando de limpiar el
camino para la próxima
inauguración de un gran portal,
financiado por el BBVA. La otra, que
está atendiendo a intereses
mercantiles del Grupo Planeta».
«El mensaje contiene una especie
de intimación, en lenguaje
jurídico y en tono colonial, en
la que se me acusa de haber violado,
aquí en Montevideo, ciertas leyes
civiles y penales del reino de
España», manifiesta el
editor de la página que cuenta
con unos 215.000 suscriptores.
Como Soca no cuestionó el derecho
legal que les asistía de proceder
de esa manera, resolvió retirar
los contenidos cuestionados. El
periodista e investigador asegura haber
recibido incontables mensajes de
solidaridad, mientras el asunto retumba
en la web y las redes sociales.
Un petitorio online, «La lengua es
de todos, no de las
corporaciones», suma más de
22.800 firmas y exige que la RAE ponga
los contenidos de su web a
disposición de todos los
hablantes, «sin restricciones
impuestas por intereses de corporaciones
privadas».
Soca relata que en cambio no tuvo
respaldo alguno desde las academias de
la lengua. Un académico uruguayo,
«consultado por un periodista
sobre este asunto, lo remitió a
la oficina de prensa de la RAE, dejando
al desnudo la verdadera naturaleza del
\'consenso democrático\' del que
se habla en los prólogos de todos
los diccionarios».
«La RAE sabe que no es \'autoridad
del idioma\', pero pretende erigirse en
una especie de notario que legitime los
usos que considera \'correctos\', algo
que en materia de lengua es
anticientífico, como ellos saben
muy bien», denuncia al mismo
tiempo Soca.
Fondebrider también señala
que la Real Academia es una
institución española que
se arroga el derecho de legislar
unilateralmente sobre el castellano.
«Lo hace ejecutando órdenes
expresas del Estado español, que
en los últimos años ha
tratado de imponer \'la marca
España\' para ejercer un dominio
económico y
lingüístico sobre el
castellano que se habla y escribe en el
mundo».
«Se trata de una operación
de naturaleza fundamentalmente
económica, ya que implica la
imposición de un modelo de lengua
por encima de otros modelos, en lo que
se percibe como un mercado en franca
expansión. Sin ir más
lejos, se supone que para el 2050 los
Estados Unidos van a ser el país
con mayor crecimiento exponencial del
castellano y un potencial cliente de los
institutos Cervantes, los diccionarios,
gramáticas, sistemas de
aprendizaje, etc.», explica el
autor entre otros de
«Elegías» y
«Los últimos tres
años».
«Con todo, detrás del
negocio existe un factor
ideólógico que no oculta
cierta nostalgia imperial que, si nos
atenemos a la calidad de literatura y
conocimiento que genera España,
resultan del todo injustificadas.
Así, la alianza de la Real
Academia con varios puntales
económicos peninsulares -
Telefónica, el BBVA, el Grupo
Prisa (dueño del Grupo Santillana
y del diario El País), el Grupo
Planeta- ha generado instituciones
satélites, como la Fundéu
(Fundación del Español
Urgente), que sirven como arietes contra
toda forma de oposición a la
hegemonía del castellano de
España», asevera.
Soca coincide en que durante los
últimos años el Estado
español percibió el
potencial económico de la lengua
«principalmente por la importancia
que tiene la unidad
lingüística para maximizar
las ganancias de las multinacionales con
sede en Madrid, al trabajar con un
mercado de lengua única en su
mercado preferencial, que es
América Latina».
Mientras el español se encuentra
en franca expansión e Internet
juega un rol decisivo en la suerte de la
lengua, la discusión sobre el
patrimonio de las palabras, los
diccionarios y las academias parece que
acaba de iniciarse, con mucha tela para
cortar.
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